Los Ángeles, 25 jul (EFE).- Defensores de los trabajadores pidieron este martes elevar las multas para los empleadores en EE.UU. que exponen a sus trabajadores a peligros y violan la ley, tras la muerte de un migrante guatemalteco de 16 años en una plata avícola de Misisipi.
En una conferencia de prensa convocada por Alliance for Justice & Equity (IAJE) de Misisipi, activistas y trabajadores urgieron la intervención del Gobierno del presidente Joe Biden para endurecer los castigos contra las empresas que violan las leyes laborales, especialmente aquellas que protegen a los menores de edad.
Duván Tomas Pérez murió el pasado 14 de julio en la planta de procesamiento de pollos Mar-Jac Poultry MS LLC, en la ciudad de Hattiesburg, cuando sus manos se enredaron en una máquina que estaba limpiando. El adolescente fue declarado muerto en el lugar de trabajo.
Lorena Quiroz, directora IAJE, dijo en la rueda de prensa que la muerte del joven fue causada por “la negligencia” de la compañía que mantiene un “patrón de explotación” a los trabajadores más vulnerables en la industrias avícola de Misisipi.
Con la muerte de Pérez, oriundo de la aldea Tuimuca, en el departamento de San Marcos (Guatemala), son tres los trabajadores de esa compañía que han muerto por accidentes laborales desde diciembre de 2020.
Pérez, que cursaba el noveno grado, no tenía la edad legal de 18 años que requiere la ley federal para trabajar en empacadoras debido a los peligros inherentes de la ocupación.
Wendy Cervantes, del Center for Law and Social Policy, recomendó aumentar del mínimo de 10.000 dólares a un millón de dólares las sanciones civiles por violaciones de trabajo infantil.
Las organizaciones agregaron que por cada infracción que cause la muerte o lesiones graves a un trabajador menor de 18 años, la sanción debería aumentar a un mínimo obligatorio de 50.000 dólares con una sanción máxima de 5 millones de dólares.
También proponen que una parte de las multas civiles recaudadas se destine a un fondo para apoyar los servicios legales de víctimas menores y para financiar servicios comunitarios de apoyo adicionales para estos trabajadores y sus familias.
Cervantes enfatizó que “todas las empresas en la cadena de empleo deben rendir cuentas”, lo que incluye las grandes corporaciones, los contratistas y las agencias de empleo temporal.
“La historia trágica de Duván es desafortunadamente muy común y muchos niños a lo largo el país trabajan en condiciones inapropiadas en violación a las leyes de trabajo”, señaló Cervantes.
Agregó que Pérez, cuya muerte es investigada por la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA), es una víctima de la poca implementación de las leyes de trabajo infantil.
Las violaciones del trabajo infantil llevan aumentando desde 2015, tras años en declive, de acuerdo con datos del Departamento de Trabajo de Estados Unidos.
Una investigación federal de este año encontró que más de 100 menores estaban empleados ilegalmente en trabajos peligrosos en el país.
A ellos se suman los más de 300 menores que se descubrió recientemente que trabajaban en 3 franquicias de los restaurantes de comida rápida McDonald’s, incluidos dos niños de 10 años.
Por otro lado, Emil’ Keme, de International Mayan League, consideró que el gobierno federal debe entregar información sobre los más de 85.000 niños migrantes que llegaron solos al país y fueron entregados a patrocinadores para su cuidado.
