Los Ángeles, 17 jul (EFE).- La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) anunció este lunes que ha logrado un acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos para poner fin a varias demandas judiciales sobre la transferencia ilegal de fondos para la construcción del muro fronterizo iniciado en la Administración de Donald Trump (2017-2021).
El acuerdo logra la conciliación de varias querellas legales iniciadas en los primeros meses de 2020.
Entre los demandantes figuran las organizaciones Sierra Club y Southern Border Communities Coalition, y más de una decena de estados encabezados por California y Nuevo México opuestos a la orden del Gobierno republicano de Trump de desviar miles de millones de dólares asignados a la defensa para la construcción del muro fronterizo con México, después de que el Congreso se negara a aprobar fondos para la barrera.
La conciliación incluye medidas para mitigar los extensos daños causados por la construcción ilegal del muro, explicó ACLU.
Cecillia Wang, subdirectora legal de ACLU y abogada en jefe de los casos de Sierra Club contra EE.UU., dijo en un comunicado que el acuerdo “establece una cierta responsabilidad” del Gobierno estadounidense.
“Debe servir como recordatorio duradero de que las políticas gubernamentales impulsadas por la siembra del miedo en lugar de la creación de buenas políticas terminan dañando nuestros intereses”, añadió la abogada.
El acuerdo, cuyo monto no fue revelado, obliga a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) a detener la construcción del muro en las áreas afectadas por las transferencias ilegales, con el fin de mitigar los daños a las comunidades y a la vida silvestre.
La CBP también debe llevar a cabo actividades de planificación medioambiental y consultas comunitarias antes de seguir trabajando en las secciones del muro afectadas.
Igualmente se han reservado fondos para mitigar los daños existentes a la vida silvestre, incluyendo las especies en peligro de extinción que sufrieron la destrucción o modificación de su hábitat.
Erick Meza, coordinador de tierras de frontera de Sierra Club, dijo que “las reparaciones incluidas en la conciliación de hoy serán importantes para sanar las comunidades, los paisajes y los ecosistemas afectados por los actos imprudentes del Gobierno anterior”.
Después de que el Congreso se negó a aprobar una partida para construir las partes del muro prometido en campaña, el ahora expresidente Trump declaró una emergencia nacional en la frontera, que usó para de desviar unos 3.800 millones de dólares asignados por el Congreso a la defensa.
Tras su llegada a la Casa Blanca en 2021, el actual presidente Joe Biden eliminó la emergencia.
Ricky Garza, abogado de la Southern Border Communities Coalition, advirtió que “esta lucha no ha terminado y al Gobierno todavía le falta bastante para reconocer la humanidad y dignidad de todos los residentes de la frontera y proporcionarnos el respeto que merecemos”.
