Miami, 19 abr (EFE).- Cuatro estadounidenses y tres rusos fueron acusados formalmente por un gran jurado de Tampa (Florida) de llevar a cabo en EE.UU. una campaña de “influencia maligna” en favor de Rusia, que incluyó interferir en elecciones locales, informó la Fiscalía.
La acusación alega que los imputados rusos “reclutaron, financiaron y dirigieron grupos políticos estadounidenses para actuar como agentes ilegales no registrados del gobierno ruso y sembrar discordia y difundir propaganda pro-rusa”.
El principal acusado es Aleksandr Viktorovich Ionov, residente de Moscú, que fue el fundador y presidente del Movimiento Anti-Globalización de Rusia (AGMR), una organización con sede en Moscú financiada por el Gobierno ruso.
Ionov supuestamente utilizó el AGMR para llevar a cabo la campaña en EE.UU., que fue dirigida y supervisada por oficiales del Servicio de Inteligencia Exterior Ruso (FSB), entre ellos los también acusados Aleksey Borisovich Sukhodolov y Yegor Sergeyevich Popov.
Ninguno de ellos está en EE.UU.
“Los oficiales de inteligencia acusados, en particular, participaron en la financiación y dirección encubierta de candidatos para cargos locales dentro de los Estados Unidos”, señaló la Fiscalía Federal del Distrito Judicial Medio de Florida.
El comunicado menciona que separadamente se abrió en el Distrito de Columbia una denuncia penal acusando a la ciudadana rusa Natalia Burlinova de conspirar con un oficial del FSB para actuar como agente ilegal de Rusia en los Estados Unidos.
Como parte de la campaña, Ionov presuntamente reclutó a miembros del Partido Socialista Popular Africano y el Movimiento Uhuru (colectivamente, APSP) en Florida, Black Hammer en Georgia y una organización de California mencionada en la acusación como Grupo Político 3 para actuar como agentes de Rusia en los Estados Unidos.
Los acusados estadounidenses son Omali Yeshitela, de 81 años, presidente y fundador de APSP, Penny Joanne Hess y Jesse Nevel, integrantes del mismo grupo, y Augustus C. Romain Jr., alias Gazi Kodzo, que fue líder de APSP y fundador de Black Hammer en Georgia.
Todos ellos figuran como residentes en St. Petersburg y St. Louis (Missouri) en la acusación y, según el diario Tampa Bay Times, hasta el martes no estaban detenidos.
“Por consejo de mi abogado, no puedo hacer una declaración o comentar sobre la acusación actual. Sin embargo, espero con ansias mi día en la corte”, dijo en un comunicado Yeshitela, quien cuando se inició el caso negó las acusaciones.
“Específicamente, Ionov brindó apoyo financiero a estos grupos, les ordenó publicar propaganda prorrusa, coordinó y financió la acción directa de estos grupos dentro de los Estados Unidos con la intención de promover los intereses rusos y coordinó la cobertura de esta actividad en los medios de comunicación rusos”, dijo el comunicado de prensa de la Fiscalía.
Además, Ionov, Sukhodolov y Popov conspiraron para influir directa y sustancialmente en las elecciones de Estados Unidos financiando y dirigiendo clandestinamente la campaña política de un candidato particular para un cargo local en St. Petersburg, Florida, en 2019.
Ionov y Popov supuestamente tenían la intención de que este complot de interferencia electoral se extendiera más allá del ciclo de elecciones locales de 2019 en San Petersburg.
“El servicio de inteligencia exterior de Rusia supuestamente utilizó como arma nuestros derechos de la Primera Enmienda (libertades que Rusia niega a sus propios ciudadanos) para dividir a los estadounidenses e interferir en las elecciones en los Estados Unidos”, dijo el fiscal general adjunto Matthew G. Olsen, de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia.
“El departamento no dudará en exponer y enjuiciar a quienes siembran la discordia y corrompen las elecciones estadounidenses al servicio de intereses extranjeros hostiles, independientemente de si los culpables son ciudadanos estadounidenses o personas extranjeras en el extranjero”.
“No se tolerarán los esfuerzos del gobierno ruso para influir en secreto en las elecciones estadounidenses”, dijo el fiscal general adjunto Kenneth A. Polite, Jr., de la División Criminal del Departamento de Justicia.