Denver (CO), 14 mar (EFE).- Los padres de Kendrick Castillo, quien falleció en 2019 en un tiroteo en una escuela de Denver, rechazaron una indemnización de cientos de miles de dólares para evitar que no se pueda publicar nueva información sobre la seguridad de ese establecimiento escolar.
La familia del joven explica que nunca solicitaron ser compensados ni por la Escuela STEM (donde sucedieron los hechos) ni por el Distrito Escolar del Condado Douglas (DCSD), según un comunicado de Dan Caplis, abogado de María y John Castillo.
Los Castillo pidieron “que se llegue a un acuerdo para dar a conocer al público importantes testimonios que fueron obtenidos por medio de acciones legales”, amparados por la Ley de Seguridad Escolar “Clare Davis”, nombrada así por una estudiante fallecida en otro tiroteo en una escuela de Colorado en 2013.
El 28 de diciembre pasado, el DCSD accedió al pedido de los Castillo de hacer públicos “miles de páginas de importantes documentos”. Sin embargo, un juez desestimó la demanda contra el DCSD, por lo cual esos documentos siguen sin publicarse.
Pero en el caso de la Escuela STEM, si los Castillo aceptan los 387.000 dólares que se les ofrece (el máximo permitido por las leyes vigentes), la demanda en contra de la escuela quedará inmediatamente sin efecto, por lo que las declaraciones de unos 20 docentes y administradores de esa escuela, así como declaraciones de policías y personal de emergencia, quedarán permanentemente selladas.
“John y María Castillo lograron usar la Ley de Seguridad Escolar “Claire Davis” para encontrar la verdad sobre lo que condujo al tiroteo masivo en la Escuela STEM”, dijo Caplis.
“Ahora los Castillo quieren compartir esa evidencia con el público para que todas las escuelas puedan aprender las lecciones del tiroteo en STEM y estar más seguras en el futuro”, expresó el abogado.
Aunque no se dieron a conocer detalles sobre esa nueva evidencia (compilada como parte del proceso de indemnización a la familia Castillo), la Ley de Seguridad Escolar hace responsable a las escuelas de no haber protegido a los estudiantes en casos en los que se puede probar que no hubo “cuidados razonables” ante actos de violencia “razonablemente previsibles”.
La escuela argumenta que por razones de privacidad (hubo ocho heridos en el tiroteo) la evidencia acumulada durante el “proceso de descubrimiento” de la demanda de los Castillo contra la Escuela STEM no debe hacerse pública, porque puede afectar a alumnos que no estuvieron en lugares a los que llegaron los dos atacantes (luego arrestados y condenados.)
A la vez, según Caplis, la demanda descubrió información que “conmocionará la conciencia del público y forzará los cambios de seguridad escolar que se necesitan con urgencia”.
Este miércoles, los abogados de los Castillo y de la Escuela STEM deberán presentarse ante un mediador nombrado por el juez a cargo del caso quien determinará qué material puede o no publicarse. Independientemente del resultado de esa audiencia, Caplis indicó que sus representados piensan continuar con la demanda y llevar el caso ante un jurado.
