Ciudad de México, 28 feb (EFE).- Indígenas celebraron este martes que el Gobierno mexicano haya negado concesiones a la minera canadiense Almaden Minerals en Puebla, estado del centro del país, en un caso que ha sentado un precedente en la lucha de pueblos originarios contra esta industria extractiva.
La comunidad nahua de Tecoltemi y la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Atcolhua expusieron que la Secretaría de Economía (SE) declaró que no es factible darle concesiones a Almaden Minerals tras un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del año pasado.
“Al hacer el análisis sobre la factibilidad de las concesiones mineras, ha revisado que hay elementos de hecho y de derecho que identifican que no es factible la emisión de estos títulos de concesión por no ir de acorde a la Ley Minera”, expuso en conferencia Diana Pérez, abogada del Consejo Tiyat Tlali.
Las comunidades recordaron el fallo inédito con el que la SCJN ordenó hace un año retirar dos concesiones a Almaden Minerals tras una queja de pueblos indígenas nahua de Tecoltemi, Puebla, por temor a quedarse sin agua.
Las concesiones se otorgaron en 2003 y 2009 a la Minera Gorrión, filial de Almaden Minerals, que en su sitio oficial describía el Proyecto Ixtaca como uno de “exploración de oro y plata en la Sierra Norte de Puebla” que “podría convertirse en la primera mina metálica moderna” de ese estado.
“Desde el año 2015 llevamos una lucha contra la minería en nuestro territorio y también (hay que) decir que no es justo que después de tanto tiempo no nos escuchan”, manifestó en la rueda de prensa Raymundo Romano, inspector de la comunidad Tecoltemi.
El fallo de la Suprema Corte había dejado abierta la posibilidad de renovar la concesión si se respetaban los derechos de consulta de los pueblos indígenas pero, como la SE declaró infactibles las concesiones, la consulta ya no es necesaria, según las organizaciones.
“Que quede claro, este proyecto de muerte no solo afectaría a la comunidad de Santa María, sino afectaría a todo, a muchas comunidades vecinas, incluyendo el río Apulco. Sería un desastre total que esas minas se llevaran a cabo”, dijo Viola Moreno, comisariada ejidal de Santa María Sotoltepec.
El fallo ocurre en medio del creciente escrutinio del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador a las mineras extranjeras, en particular canadienses, a las que ha acusado de evadir impuestos y afectar a las comunidades.
Aunque el presidente ha asegurado que no ha otorgado nuevas concesiones, la organización Fundar, que acompaña a las comunidades, estima que hay 25.267 concesiones mineras que abarcan 21,3 millones de hectáreas del territorio nacional.
