Denver (CO), 12 jul (EFE).- La reciente entrada en vigor de una nueva ley en Colorado que permite que ciertos indocumentados accedan a beneficios públicos ha creado confusión entre funcionarios locales sobre el alcance y aplicación de esa ley, con interpretaciones dispares del Gobierno estatal y de la ciudad de Denver. La ley SB21-199, aprobada por la amplia mayoría de la legislatura de Colorado el año pasado, entró en vigor el 1 de julio de 2022 y establece que, mientras no se contradigan disposiciones federales, ya no es necesario que se verifique la situación migratoria de personas que solicitan beneficios públicos como cuidados médicos, servicios de salud mental o asistencia financiera. La ley argumenta que las personas indocumentadas son “miembros esenciales de nuestras comunidades” que “realizan contribuciones críticas a nuestra economía”, incluyendo pagar impuestos, y por lo tanto esos inmigrantes, sus hijos y sus familias merecen acceder a programas de ayuda de comida, vivienda, servicios públicos e inclusos ciertos contratos. De esa manera, dice la ley, se fomenta “la salud, la fortaleza y la prosperidad” de las comunidades. En ese contexto, el Centro de Licencias para Negocios de la Ciudad de Denver informó que desde esta semana “ya no se requerirá prueba de presencia legal en Estados Unidos” para obtener una licencia de negocios o una de ocupación laboral en la ciudad. “Nuestra comunidad de inmigrantes juega un papel fundamental en nuestra economía”, dijo Molly Duplechian, directora ejecutiva de Impuestos Especiales y Licencias, al anunciar la nueva medida, subrayando que se trata de una iniciativa “en cumplimiento de la nueva ley estatal”. “Nos complace ver a los legisladores de nuestro estado poner fin al requisito antiinmigrante obsoleto que a menudo limitaba la capacidad de un inmigrante de perseguir su sueño de iniciar un negocio. El estatus migratorio de una persona ya no será una barrera para iniciar un negocio en Denver”, agregó la funcionaria, aludiendo a una ley estatal de 2006 que prohibía otorgar licencias de negocios a indocumentados. En definitiva, explicó, los indocumentados ahora podrán operar legalmente restaurantes, camiones de comida o puestos de venta callejera de alimentos, que figuran entre las licencias más solicitadas por los hispanos en Denver. Sin embargo, por medio de un comunicado, Conor Cahill, portavoz del gobernador Jared Polis (demócrata), sostuvo que la ley “no exige” que ninguna ciudad, condado o municipalidad comience a otorgar beneficios a indocumentados a partir del 1 de julio pasado, como lo hizo Denver. Además, dijo, la ley no menciona en la lista de beneficios a las licencias para negocios y por el momento la oficina del gobernador “no busca expandir” esa lista ni modificar “la elegibilidad” para acceder a esas licencias. Asimismo, la Liga de Municipalidades de Colorado y la Asociación de Condados de Colorado informaron por separado que hasta ahora ninguna municipalidad ni condado del estado ha seguido el ejemplo de Denver debido a la “confusión generalizada” sobre el tema, dado que aún se aguarda la decisión del Congreso federal sobre ciertos beneficios, incluyendo asistencia alimentaria. A nivel local, parte de la confusión surge de que el gobernador Polis, al momento de firmar la ley en 2021, enfatizó que se trataba de una medida “de aplicación limitada”. Por su parte, la senadora estatal Julie Gonzales, impulsora de la SB21-199, afirmó que, en esta fase de repunte económico y social después del mayor impacto de la pandemia de covid-19, la recuperación debe ser “equitativa y justa”, por lo que expresó nuevamente su respaldo a la nueva ley, que podría beneficiar a unas 40.000 familias de indocumentados en Colorado.
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